Manifiesto «En defensa de los derechos fundamentales en Internet»

Como se recuerda en «El País», 55.000 ‘blogs’ incorporan el documento ‘En defensa de los derechos fundamentales en Internet’ en seis horas y Google recoge en el mismo tiempo más de un millón de páginas que hacen mención a su contenido.

Desde el punto de vista jurídico, creo muy mejorable y matizable este texto tan voluntarista, sin perjuicio de los postulados de cada uno. Ahora bien, es un manifiesto, no otra cosa. Creo que es suscribible especialmente el apartado 2 sobre la necesaria actuación jurisdiccional. Ello pese a que el manifiesto hable impropiamente de «suspension» y siendo además que la clave es básicamente no el cierre de webs, sino que la administración (aunque sea «independiente» como se pretendía en Francia) se pueda poner a cortar el acceso a internet (a la libre información).

Hay páginas web que se pueden cerrar sin orden judicial en razón de que su contenido no implique ejercicio de la libertad de expresión o información o de otro derecho fundamental. No será fácil distinguir algunos supuestos. Sin embargo, sí considero que la decisión de cortar el acceso a la red a un ciudadano necesita sin duda naturaleza jurisdiccional.

Creo de interés recordar al Consejo Constitucional francés (ver aquí mi resumen). Bien es cierto, en este sentido, que el apartado primero del manifiesto quedaría en buena medida suscrito siguiendo el texto de aquél órgano constitucional francés.

El resto del manifiesto es un expresión clara de la reinvención de los libertarios de la red en el ámbito del software libre, bajo postulados bien construidos en otros países por Lawrence Lessig en su Cultura Libre, entre otros. Como en diversos trabajos he apuntado, al otro lado del charco, la libertad de expresión no se da la espalda con la propiedad intelectual como aquí, sino que hay conexiones importantes, algunas incluso afirmadas por los tribunales.

MANIFIESTO: En defensa de los derechos fundamentales en Internet
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.